Gastos hipotecarios: el Tribunal Supremo y la inseguridad jurídica

Con la reciente sentencia dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2018, nuestro Alto Tribunal nos ofrece otro ejemplo más de su falta de criterio en uno de los elementos que motivan un mayor número de reclamaciones y demandas: a quien corresponde el pago del IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), incluido en los gastos que se reclaman al instar la declaración de la cláusula de gastos incluida en los préstamos hipotecarios. Y además la más cuantiosa, por lo que muchas veces la interposición o no de una demanda depende precisamente del criterio que fijan los Tribunales, que evidentemente han de regirse por lo que declara el Supremo.

Hemos de recordar que el criterio adoptado inicialmente por el Tribunal Supremo fue, mediante la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015, que todos los gastos debían ser abonados por las entidades bancarias, pues únicamente a éstas favorece el pago de los mismos, al tener todas las formalidades requeridas, para en su caso, instar una posible ejecución hipotecaria, aparte de ser impuesta y no negociada con el cliente, entre otras cuestiones, pero eso sí, pagando esos gastos el prestatario, lo que motivó una importante cantidad de reclamaciones y demandas.

Posteriormente, la sentencia de 15 de marzo de 2018, modificó su criterio, indicando que a las entidades únicamente les correspondía abonar los gastos de tasación, de registro, de gestoría y la mitad de la notaría, dejando curiosamente al prestatario el pago del gasto más cuantioso: el impuesto. Ya esta sentencia dejó muy cuestionada la labor del Tribunal Supremo al modificar su criterio inicial y creando una evidente inseguridad jurídica.

Pues bien, con esta última sentencia, el Supremo vuelve a dar muestras de su falta de criterio, dando una nueva vuelta de tuerca, y poniendo  de manifiesto que no está preocupado precisamente en la seguridad jurídica sino más bien en todo lo contrario, crear desconcierto en despachos y Tribunales. Pensemos, por ejemplo, en los procedimientos ya finalizados en los que el pago del impuesto no ha podido ser recuperado por el cliente al ser ese el criterio fijado en ese momento y se produce el efecto de cosa juzgada, por lo que ya no se puede instar una nueva demanda.

La seguridad jurídica consiste precisamente en que los jueces y profesionales han de saber a qué atenerse, qué se puede reclamar y qué no, y explicarlo debidamente a sus clientes en el caso de los abogados, y con esta situación es evidente que produce todo lo contrario.

Pero es que además, en una decisión inaudita y sin precedentes, y al constatar el Supremo la “alarma social” que producía la sentencia, al día siguiente comunica que paraliza su aplicación hasta que se fije el criterio el próximo 5 de noviembre. Evidentemente esa “alarma” únicamente se produjo en la poderosa banca, y en ningún caso en los prestatarios, que pueden recuperar un dinero cuya reclamación ahora se pone en cuestión.

Recordemos que no es la primera vez que el Supremo contribuye a crear inseguridad jurídica: basta recordar lo sucedido con la retroactividad en el asunto de las cláusulas suelo, que tuvo que ser declarada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) poniendo al Supremo en su sitio. Y posiblemente vuelva a pasar lo mismo.

Para crear aún más inseguridad en todo este galimatías, esta misma semana la propia Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, a pesar de que se había paralizado supuestamente la aplicación de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2018, ha dictado dos nuevas sentencias, de fechas 22 y 23 de octubre de 2018, que son, como no podía ser de otra manera, absolutamente coincidentes con la anterior, lo cual no sería nada sorprendente si no fuera por lo que ya hemos expuesto.

Por último, se produce otra situación grave: como se crearon los juzgados especializados en cláusulas abusivas y se encuentran colapsados, como era más que previsible por los que nos dedicamos a reclamar estas cláusulas, a los que por cierto nunca nos pregunta, ahora se añade la suspensión de las vistas y procedimientos hasta que se pronuncie el Supremo y sepamos su nuevo criterio, quien sabe si definitivo o no.

Por tanto, nos toca esperar, paralizar la presentación de demandas, explicarles a los clientes lo que ocurre, e intentar pensar en la medida de lo posible que el Supremo no va a favorecer a la “alarmada” banca, y que va a mantener el criterio fijado por esta última sentencia, que es lo justo y correcto.

Por: Carlos Arnau Martínez

Gastos hipotecarios: el Tribunal Supremo y la inseguridad jurídica

JORNADA SOBRE “NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO Y SUS EFECTOS”

(Circular 86/2018)

Estimadas/os compañeras/os:

Debido a las recientes sentencias, a la trascendencia general y en especial para el colectivo de los abogados, nos complace comunicaros que el Colegio, con la colaboración del Decanato de la Facultad de Derecho, ha organizado una Jornada sobre “Nulidad de la cláusula de gastos de formalización del préstamo hipotecario y sus efectos” que tendrá lugar el próximo día 21 de marzo de 2018, a las 17:30 horas, en el Hemiciclos de Letras del Campus de la Merced.

Se pretende el examen de la cláusula que impone al prestatario todos los gastos de formalización del préstamo hipotecario (cláusula de gastos), así como el análisis de la STS, de 23 de diciembre de 2018, y las dos recientes SSTS de Pleno, de 28 de febrero de 2018 (recursos de casación 1211/2017 y 1518/2017). La Jornada comprenderá la ponencia de D. Manuel Jesús Marín López, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla la Mancha. Posteriormente disfrutaremos de una mesa redonda integrada por dicho catedrático y por los letrados D. Antonio García Montes, con la perspectiva de las entidades bancarias y D. Carlos Arnau Martínez, que asumirá la de los consumidores, tras la que se abrirá un turno de preguntas.

Para una mejor dinámica y utilidad a los inscritos, los ponentes tratarán con detalle las cuestiones que previamente remitan los interesados a la dirección de e-mail cursos@icamur.org .

Os detallamos brevemente la programación a seguir:

1. La cláusula de gastos en las condiciones generales del contrato de préstamo hipotecario.

2. El control de incorporación/inclusión de la cláusula.

3. El control de contenido de la cláusula.

4. ¿Es abusivo imponer al prestatario el pago de los aranceles notariales?.

5. ¿Es abusivo imponer al prestatario el pago de los aranceles registrales?.

6. ¿Es abusivo imponer al prestatario el pago de los tributos que gravan el préstamo hipotecario?.

7. ¿Es abusivo imponer al prestatario los gastos de gestoría?.

8. Efectos de la nulidad de la cláusula y cantidades que puede reclamar el consumidor (¿restitución total o restitución parcial?).

9. La prescripción de la acción.

10. ¿Se aplica el control de transparencia sobre la cláusula de gastos?.

Se facilitará documentación a los asistentes. La cuota de inscripción será de 20 € para colegiados; de 10 € para estudiantes; y de 30 € para el resto de los participantes.

Las plazas están limitadas al aforo de la Sala, y se formalizarán por orden de recepción a través del formulario de inscripción y del correspondiente Justificante de pago, indicando en el asunto del ingreso: JORNADA NULIDAD CLÁUSULAS HIPOTECARIO.

En cuanto a la forma de pago os rogamos lo hagáis, preferiblemente, a través de transferencia bancaria (BMN: ES09 0487 0118 9720 0051 7082), la cual adjuntaréis en el formulario de inscripción disponible en la Web del Colegio, pinchando AQUÍ.

Recibid un cordial saludo,
LA JUNTA DE GOBIERNO

C/. La Gloria 25b. Murcia telf. 968900100 icamur@icamur.org – www.icamur.org

Cuotas participativas de la CAM, !!! CUIDADO!!

Si tienes cuotas participativas de la CAM, !!! CUIDADO!! que el próximo 31 de marzo de 2018 caduca el plazo legal para instar la anulabilidad del contrato de suscripción de cuotas participativas.
En Arnau Abogados,os recomedamos reclamar☎️ ‍⚖️lo antes posible para evitar problemas de caducidad de la acción.

Puede vr la noticia completa en:

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a dos entidades, Fundación CAM y…
ultimahora.es
CGPJ-CLAUSULA-SUELO

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CLAUSULA SUELO: OTRA OFENSA A LOS CONSUMIDORES

Como es conocido el CGPJ, siempre en defensa de los afectados, perjudicados y consumidores de entidades bancarias, aprobó hace semanas la creación de juzgados uniprovinciales especializados en todo lo referente a clausulas abusivas incluidas en préstamos hipotecarios con consumidores.

Este hecho, como no podía ser de otra manera, provocó una avalancha de quejas en el mundo jurídico, ya que tan fenomenal idea no corresponde a causar una agilización y dar rapidez a estos procedimientos, sino muy al contrario, que se colapsen estos Juzgados.

Pero debemos ir más atrás para comprender que no todo esto no es fruto de la casualidad: con anterioridad, el gobierno aprobó el RD 1/2017, para que las entidades bancarias “abonaran” en la cuenta de los afectados por clausula suelo las cantidades que les habían ido cobrando indebidamente durante años. Curiosamente en la mayoría de los casos las entidades intentaban evitar el ingreso en metálico en la cuenta de los clientes, como era deseable, sino que les ofrecían otros “acuerdos” para evitar dicho pago.

Si unimos esta circunstancia al hecho de que en muchos casos las entidades no solo han ninguneado al cliente (una vez más) y al propio Real Decreto, como hemos ido avanzando en Red Abafi, la situación actual no es otra que la de avalancha en presentación de demandas de afectados que no han tenido otra alternativa que acudir a la vía judicial.

Tampoco hay que olvidar que este tipo de procedimientos inicialmente se tramitaban, por cuestión de materia, en los Juzgados de lo Mercantil, pero al haberse colapsado estos Juzgados, se modificó la ley para que pasaran a tramitarse en los Juzgados de Primera Instancia, y dar en la medida de lo posible cabida e inicio a estos procedimientos.

Pues bien, como exponemos, se ha dado una vuelta atrás con estos juzgados uniprovinciales, y la pregunta es ¿a quién beneficia y a quien perjudica? La respuesta es obvia. Los perjudicados han de acudir a un único juzgado, y sus procedimientos se ralentizarán aún más. Todo es parte de una estrategia: favorecer a la banca.
Hace unos días hemos conocido, según datos del propio CGPJ, que se han presentado 330 demandas de clausula suelo al día y se esperan unas 80.000 demandas de clausulas abusivas. Es decir, va a ser imposible impartir justicia, por falta de medios y personal. Esperamos que la presión de los abogados y de parte de la judicatura evite que esta situación perdure en el tiempo.

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CLAUSULA SUELO: EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA en SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2017.

El Tribunal Supremo confirma y reitera que es de aplicación la STJE de fecha 21 de Diciembre de 2016, que declaraba la retroactividad en las reclamaciones de clausula suelo.

En dicho procedimiento, seguido por un cliente contra la entidad financiera ABANCA, había recaído sentencia favorable al afectado en primera instancia, declarando la nulidad de la clausula suelo del 3,25% y la devolución total de las cantidades abonadas por la misma.

ABANCA recurrió en apelación, alegando que la devolución tendría que ser únicamente desde Mayo de 2013, siendo su apelación desestimada.

Pues bien, ABANCA continuó recurriendo en casación, alegando igualmente una devolución parcial y no total.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha declarado que la devolución ha de ser total, condenando a la entidad además a los intereses y las costas de dicho recurso.

La diligente gestión de la entidad en este procedimiento es evidente: la reclamación inicial se ha convertido en tener que pagar más del doble; en ningún caso ni antes ni durante el procedimiento intentaron llegar a un acuerdo; y lo que es más grave: en el propio procedimiento ante el Supremo se dio trámite a las partes para realizar alegaciones en virtud de la STJE de 21 de Diciembre de 2016, que acordaba la retroactividad total, y la entidad se volvió a oponer a su aplicación, lo cual resulta sorprendente habida cuenta de que dicha doctrina era de obligado cumplimiento por el Supremo. Para más inri, fundamentaba que en todo caso no habría de abonar los intereses legales, por la “buena fé” del banco.

En resumen, el Supremo declara la inexistencia de cosa juzgada material que se alegaba por ABANCA, al haber sido parte en el procedimiento que dio lugar a la STS de 9 de Mayo de 2013, indicando que no existe identidad entre acciones colectivas e individuales.

En cuanto a la retroactividad total, a la que insistía oponiéndose la entidad, la sentencia indica que:

“3. En su virtud, puesto que la sentencia recurrida se ajustaba a lo que ha venido a resolver posteriormente la STJUE de 21 de diciembre de 2016, el recurso ha de ser desestimado, ya que aunque en su momento lo planteado en dicho recurso era acorde con la jurisprudencia de esta sala no lo es una vez que la misma ha de acomodarse a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión.”

Esta sentencia ha sido lograda por el abogado y miembro de Red Abafi Carlos Arnau.

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Banco Popular: una versión Bankia 2.0

Asistimos hace unos días a la compra de Banco Popular por parte de Banco Santander, por el precio de 1 €, tras ser intervenido por el FROB. Esta operación acredita inequívocamente la negligente gestión de la entidad, y deja a los accionistas y pequeños inversores del Popular con importantes pérdidas económicas. Conforme van pasando los días y se obtiene más información, existen argumentos más sólidos para entender que esta situación ya la hemos vivido con lo que ocurrió con Bankia hace poco tiempo.

La ampliación de capital del Popular a finales de mayo de 2016 ascendió aproximadamente a 2.500 millones de euros, dejando aparte a los afectados por deuda subordinada o bonos convertibles en acciones. Y ahora, en junio de 2017, se convierte en la primera entidad liquidada por el mecanismo único de resolución de la Unión Europea. Es evidente que en tan corto espacio de tiempo de una situación a otra acredita la poca veracidad de sus cuentas y de las auditorías practicadas a la entidad.

Por otro lado hay otro dato importante: la semana pasada Popular no pudo abrir sus sucursales por falta de liquidez, debido, entre otras razones, a la retirada de fondos privados pero también de algunas Comunidades Autónomas y de la propia Seguridad Social, lo que acredita que no eran ignorantes de su situación.

Por tanto, la situación de los afectados es muy parecida en su momento a la producida con la salida a Bolsa de Bankia, recordemos que las cuantas de esta entidad en su momento, y así quedó acreditado, en ningún caso correspondían a la situación real de la entidad, originando una multitud de demandas y reclamaciones para que los afectados pudieran recuperar su inversión.

Esta semana también se ha conocido que diversas asociaciones están anunciando la interposición de querellas contra los “gestores” de la entidad, y su auditora, por estafa y falsedad documental.

Parece por tanto evidentes los paralelismos entre lo ocurrido con Bankia y lo que ahora acontece con Banco Popular.

Banco Popular contaba con unos 350.000 pequeños accionistas. Cualquier accionista de Banco Popular, poseedor de bonos o inversor de deuda subordinada que haya visto reducida a cero el valor de su participación puede reclamar.

Desde Red Abafi recomendamos interponer demandas civiles de manera individual contra Banco Popular, que sigue teniendo a fecha de hoy su personalidad jurídica propia independiente de Banco Santander, ya que por experiencia hemos comprobado que han resultado las más eficientes para que los afectados recuperen su inversión y lo más pronto posible.

Banco Popular: una versión Bankia 2.0