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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CLAUSULA SUELO: OTRA OFENSA A LOS CONSUMIDORES

Como es conocido el CGPJ, siempre en defensa de los afectados, perjudicados y consumidores de entidades bancarias, aprobó hace semanas la creación de juzgados uniprovinciales especializados en todo lo referente a clausulas abusivas incluidas en préstamos hipotecarios con consumidores.

Este hecho, como no podía ser de otra manera, provocó una avalancha de quejas en el mundo jurídico, ya que tan fenomenal idea no corresponde a causar una agilización y dar rapidez a estos procedimientos, sino muy al contrario, que se colapsen estos Juzgados.

Pero debemos ir más atrás para comprender que no todo esto no es fruto de la casualidad: con anterioridad, el gobierno aprobó el RD 1/2017, para que las entidades bancarias “abonaran” en la cuenta de los afectados por clausula suelo las cantidades que les habían ido cobrando indebidamente durante años. Curiosamente en la mayoría de los casos las entidades intentaban evitar el ingreso en metálico en la cuenta de los clientes, como era deseable, sino que les ofrecían otros “acuerdos” para evitar dicho pago.

Si unimos esta circunstancia al hecho de que en muchos casos las entidades no solo han ninguneado al cliente (una vez más) y al propio Real Decreto, como hemos ido avanzando en Red Abafi, la situación actual no es otra que la de avalancha en presentación de demandas de afectados que no han tenido otra alternativa que acudir a la vía judicial.

Tampoco hay que olvidar que este tipo de procedimientos inicialmente se tramitaban, por cuestión de materia, en los Juzgados de lo Mercantil, pero al haberse colapsado estos Juzgados, se modificó la ley para que pasaran a tramitarse en los Juzgados de Primera Instancia, y dar en la medida de lo posible cabida e inicio a estos procedimientos.

Pues bien, como exponemos, se ha dado una vuelta atrás con estos juzgados uniprovinciales, y la pregunta es ¿a quién beneficia y a quien perjudica? La respuesta es obvia. Los perjudicados han de acudir a un único juzgado, y sus procedimientos se ralentizarán aún más. Todo es parte de una estrategia: favorecer a la banca.
Hace unos días hemos conocido, según datos del propio CGPJ, que se han presentado 330 demandas de clausula suelo al día y se esperan unas 80.000 demandas de clausulas abusivas. Es decir, va a ser imposible impartir justicia, por falta de medios y personal. Esperamos que la presión de los abogados y de parte de la judicatura evite que esta situación perdure en el tiempo.

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CLAUSULA SUELO: EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA en SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2017.

El Tribunal Supremo confirma y reitera que es de aplicación la STJE de fecha 21 de Diciembre de 2016, que declaraba la retroactividad en las reclamaciones de clausula suelo.

En dicho procedimiento, seguido por un cliente contra la entidad financiera ABANCA, había recaído sentencia favorable al afectado en primera instancia, declarando la nulidad de la clausula suelo del 3,25% y la devolución total de las cantidades abonadas por la misma.

ABANCA recurrió en apelación, alegando que la devolución tendría que ser únicamente desde Mayo de 2013, siendo su apelación desestimada.

Pues bien, ABANCA continuó recurriendo en casación, alegando igualmente una devolución parcial y no total.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha declarado que la devolución ha de ser total, condenando a la entidad además a los intereses y las costas de dicho recurso.

La diligente gestión de la entidad en este procedimiento es evidente: la reclamación inicial se ha convertido en tener que pagar más del doble; en ningún caso ni antes ni durante el procedimiento intentaron llegar a un acuerdo; y lo que es más grave: en el propio procedimiento ante el Supremo se dio trámite a las partes para realizar alegaciones en virtud de la STJE de 21 de Diciembre de 2016, que acordaba la retroactividad total, y la entidad se volvió a oponer a su aplicación, lo cual resulta sorprendente habida cuenta de que dicha doctrina era de obligado cumplimiento por el Supremo. Para más inri, fundamentaba que en todo caso no habría de abonar los intereses legales, por la “buena fé” del banco.

En resumen, el Supremo declara la inexistencia de cosa juzgada material que se alegaba por ABANCA, al haber sido parte en el procedimiento que dio lugar a la STS de 9 de Mayo de 2013, indicando que no existe identidad entre acciones colectivas e individuales.

En cuanto a la retroactividad total, a la que insistía oponiéndose la entidad, la sentencia indica que:

“3. En su virtud, puesto que la sentencia recurrida se ajustaba a lo que ha venido a resolver posteriormente la STJUE de 21 de diciembre de 2016, el recurso ha de ser desestimado, ya que aunque en su momento lo planteado en dicho recurso era acorde con la jurisprudencia de esta sala no lo es una vez que la misma ha de acomodarse a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión.”

Esta sentencia ha sido lograda por el abogado y miembro de Red Abafi Carlos Arnau.

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Banco Popular: una versión Bankia 2.0

Asistimos hace unos días a la compra de Banco Popular por parte de Banco Santander, por el precio de 1 €, tras ser intervenido por el FROB. Esta operación acredita inequívocamente la negligente gestión de la entidad, y deja a los accionistas y pequeños inversores del Popular con importantes pérdidas económicas. Conforme van pasando los días y se obtiene más información, existen argumentos más sólidos para entender que esta situación ya la hemos vivido con lo que ocurrió con Bankia hace poco tiempo.

La ampliación de capital del Popular a finales de mayo de 2016 ascendió aproximadamente a 2.500 millones de euros, dejando aparte a los afectados por deuda subordinada o bonos convertibles en acciones. Y ahora, en junio de 2017, se convierte en la primera entidad liquidada por el mecanismo único de resolución de la Unión Europea. Es evidente que en tan corto espacio de tiempo de una situación a otra acredita la poca veracidad de sus cuentas y de las auditorías practicadas a la entidad.

Por otro lado hay otro dato importante: la semana pasada Popular no pudo abrir sus sucursales por falta de liquidez, debido, entre otras razones, a la retirada de fondos privados pero también de algunas Comunidades Autónomas y de la propia Seguridad Social, lo que acredita que no eran ignorantes de su situación.

Por tanto, la situación de los afectados es muy parecida en su momento a la producida con la salida a Bolsa de Bankia, recordemos que las cuantas de esta entidad en su momento, y así quedó acreditado, en ningún caso correspondían a la situación real de la entidad, originando una multitud de demandas y reclamaciones para que los afectados pudieran recuperar su inversión.

Esta semana también se ha conocido que diversas asociaciones están anunciando la interposición de querellas contra los “gestores” de la entidad, y su auditora, por estafa y falsedad documental.

Parece por tanto evidentes los paralelismos entre lo ocurrido con Bankia y lo que ahora acontece con Banco Popular.

Banco Popular contaba con unos 350.000 pequeños accionistas. Cualquier accionista de Banco Popular, poseedor de bonos o inversor de deuda subordinada que haya visto reducida a cero el valor de su participación puede reclamar.

Desde Red Abafi recomendamos interponer demandas civiles de manera individual contra Banco Popular, que sigue teniendo a fecha de hoy su personalidad jurídica propia independiente de Banco Santander, ya que por experiencia hemos comprobado que han resultado las más eficientes para que los afectados recuperen su inversión y lo más pronto posible.

Banco Popular: una versión Bankia 2.0