justicia

La injusta no imposición de costas a las entidades en los procedimientos de cláusulas abusivas

 

La reforma que prepara el Gobierno del Real Decreto Ley 1/2017, conocida desde hace unos meses, quiere fomentar, entre otras “perlas”, el acceso a la vía extrajudicial “para evitar que la defensa jurídica del demandante quiera estar tentada a litigar únicamente por las costas procesales”.

Esta posición va radicalmente en contra de la regulación de las costas procesales que se recoge en el artículo 394 LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), que dispone que las costas procesales se han de imponer “a la parte que hay visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”.

Es decir, en materia de imposición de costas en el proceso civil, rige el criterio del vencimiento objetivo, entendiéndose las costas como un medio que permite al litigante vencedor recuperar los costes que le ha ocasionado el proceso; es decir, viéndose el cliente obligado a interponer una demanda al ver que la entidad no se aviene a su reclamación, ha de soportar unos gastos de abogado y procurador, que, si su demanda es estimada, deben ser asumidos por la entidad bancaria. Lo cual es evidente que tiene todo el sentido.

Hemos de indicar que ya la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de 2017, había unificado el criterio estableciendo que en los asuntos afectados por un cambio jurisprudencial (por ejemplo la limitación de los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo hasta la STJE de 21 de diciembre de 2016), las costas habrían de imponerse a las entidades bancarias. La Sala consideró que si se aplicase la excepción al criterio del vencimiento objetivo “no se restablecería la situación de hecho y de derecho a la que se habría dado si no hubiera existido la cláusula suelo abusiva, y por tanto el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos, indicando que “la regla general del vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla general supone un obstáculo para la aplicación de ese mismo principio”. Hasta aquí todo parecía estar claro.

Ataque a los letrados de los clientes engañados

Con este proyecto de reforma realmente se ataca a los letrados de los clientes engañados, perjudicados o ninguneados por las entidades bancarias, pero que sin embargo nada se dice de los letrados de las mismas entidades que cobran unos honorarios nada despreciables cuando defienden una ejecución hipotecaria. El mundo al revés.

Para más inri, el Gobierno por medio de su ministra, atacaba a los letrados indicando que querían “hacer un negocio con las reclamaciones judiciales”. Pues mire, a los letrados que defendemos y asesoramos a los clientes de entidades bancarias nos gusta nuestro trabajo, y cobramos por ello; no es negocio, es trabajo. No oigo a la ministra atacar a los abogados especialistas en derecho de familia decir que “hacen negocio con las rupturas familiares”. Porque claro, hay una diferencia, en los procedimientos de cláusulas abusivas se ataca a la banca. Y hay que defenderla, tanto favoreciendo el colapso de los procedimientos con la creación en su día de los Juzgados especializados, entre otras cosas.

Con esta posición, el Gobierno coloca a los abogados (eso sí, únicamente a los que defendemos a los clientes ante las entidades bancarias) como algo dañino para el sistema judicial, sin embargo, nada dicen de las entidades bancarias (y sus letrados) que durante años han llenado sus préstamos hipotecarios de cláusulas abusivas, comisiones indebidas o intereses excesivos, provocando las correspondientes reclamaciones judiciales.

Es curioso que ahora se preocupe de las costas que en su caso correspondan al letrado que defiende al consumidor, pero que antes no pensaran ni un minuto en los honorarios de los letrados de las entidades bancarias en las ejecuciones hipotecarias. No oímos ni una voz indicando que las entidades “hacían negocio” con estas costas. Recordemos que en un procedimiento de ejecución hipotecaria pueden tasar esas costas hasta un 30% de la cuantía del procedimiento, que siendo el valor del préstamo, evidentemente no es ninguna minucia.

Además, como es obvio, la realidad es otra: no se litiga por las costas; se litiga para defender al cliente y en caso de sentencia estimatoria recae la condena en costas al banco; contando con la circunstancia añadida de que la jurisprudencia en cuanto a cláusula suelo es clara, se suele hacer una reclamación previa antes de la demanda, y en resumen, si el banco pago (incluso antes de la contestación a la demanda), no se le condenaría al pago de las costas.

Posteriormente, nos hemos encontrado con el Auto del Tribunal Supremo de fecha 18 de diciembre de 2018, que indica que los honorarios del letrado se fijaban en 150€ en la interposición del recurso de casación en un procedimiento de clausula suelo, siendo en ese caso inadmitido el recurso. Cantidad manifiestamente irrisoria.

Pues bien, con estos argumentos, ahora nos encontramos con que los letrados de la Administración de Justicia están reduciendo el importe de los honorarios de los letrados que defendemos a los consumidores, ¿el motivo?, pues que presentamos “formularios” que no suponen esfuerzo alguno, omitiendo deliberadamente que las entidades durante estos años presentaban en su caso otros “formularios” en sus demandas de ejecución hipotecaria, pero en lo que no actúan de la misma forma, no discutiendo esos honorarios incluso en casos en los que ni hubo oposición. Téngase en cuenta que en estos casos, puede que se haya subastado la vivienda habitual y el cliente siga debiendo los intereses y las costas.

En conclusión, lo que nos queda a los letrados es defendernos ante esta situación y volver a insistir en el artículo 394 LEC mencionado al principio de este comentario: si se estiman mis pretensiones, si el cliente ha tenido que abonar unos honorarios, es la entidad bancaria quien ha de resarcir esos gastos que no se generarían si hubiera llegado a un acuerdo o no hubiera incluido cláusulas acreditadamente abusivas en sus préstamos.

Por: Carlos Arnau Martínez

En: redabafi.es

justicia

Nueva sentencia favorable a nuestros clientes

Comenzamos la semana con una sentencia favorable a nuestros clientes.

El juzgado de San Javier declara la nulidad de unas obligaciones subordinadas que nada tenían que ver con lo que le explicaron y querían los clientes, que recuperan 12.000€.

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Obligación de abonar una pensión de alimentos de 400 €

Os comunicamos una nueva sentencia, en este caso en un tema de familia, en la que se atribuye a nuestra cliente la guarda y custodia de sus hijas y el uso de la vivienda, así como la obligación al padre de abonar una pensión de alimentos de 400 € por cada una de ellas, entre otras cuestiones.Gran satisfación personal.

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Nuestros clientes recuperan más de 8.000 €.

Comenzamos la semana con buenas noticias!.

Sentencia que desestima la apelación de Bankia contra la sentencia que ganamos en primera instancia que declaraba la nulidad de la clausula suelo y de gastos.

Nuestros clientes recuperan más de 8.000 €.

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Contrato de multipropiedad con BBVA

Buenos días a todos,

es una alegría comenzar el mes de Febrero con una sentencia favorable para nuestros clientes.

Se trata de un contrato de multipropiedad que, asociado a un préstamo vinculado fué suscrito por nuestros clientes con técnicas comerciales agresivas e incumpliendo lo que marca la ley, siendo condenadas a la devolución del importe del préstamo solidariamente la empresa comercializadora y BBVA

 

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Gastos hipotecarios: el Tribunal Supremo y la inseguridad jurídica

Con la reciente sentencia dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2018, nuestro Alto Tribunal nos ofrece otro ejemplo más de su falta de criterio en uno de los elementos que motivan un mayor número de reclamaciones y demandas: a quien corresponde el pago del IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), incluido en los gastos que se reclaman al instar la declaración de la cláusula de gastos incluida en los préstamos hipotecarios. Y además la más cuantiosa, por lo que muchas veces la interposición o no de una demanda depende precisamente del criterio que fijan los Tribunales, que evidentemente han de regirse por lo que declara el Supremo.

Hemos de recordar que el criterio adoptado inicialmente por el Tribunal Supremo fue, mediante la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015, que todos los gastos debían ser abonados por las entidades bancarias, pues únicamente a éstas favorece el pago de los mismos, al tener todas las formalidades requeridas, para en su caso, instar una posible ejecución hipotecaria, aparte de ser impuesta y no negociada con el cliente, entre otras cuestiones, pero eso sí, pagando esos gastos el prestatario, lo que motivó una importante cantidad de reclamaciones y demandas.

Posteriormente, la sentencia de 15 de marzo de 2018, modificó su criterio, indicando que a las entidades únicamente les correspondía abonar los gastos de tasación, de registro, de gestoría y la mitad de la notaría, dejando curiosamente al prestatario el pago del gasto más cuantioso: el impuesto. Ya esta sentencia dejó muy cuestionada la labor del Tribunal Supremo al modificar su criterio inicial y creando una evidente inseguridad jurídica.

Pues bien, con esta última sentencia, el Supremo vuelve a dar muestras de su falta de criterio, dando una nueva vuelta de tuerca, y poniendo  de manifiesto que no está preocupado precisamente en la seguridad jurídica sino más bien en todo lo contrario, crear desconcierto en despachos y Tribunales. Pensemos, por ejemplo, en los procedimientos ya finalizados en los que el pago del impuesto no ha podido ser recuperado por el cliente al ser ese el criterio fijado en ese momento y se produce el efecto de cosa juzgada, por lo que ya no se puede instar una nueva demanda.

La seguridad jurídica consiste precisamente en que los jueces y profesionales han de saber a qué atenerse, qué se puede reclamar y qué no, y explicarlo debidamente a sus clientes en el caso de los abogados, y con esta situación es evidente que produce todo lo contrario.

Pero es que además, en una decisión inaudita y sin precedentes, y al constatar el Supremo la “alarma social” que producía la sentencia, al día siguiente comunica que paraliza su aplicación hasta que se fije el criterio el próximo 5 de noviembre. Evidentemente esa “alarma” únicamente se produjo en la poderosa banca, y en ningún caso en los prestatarios, que pueden recuperar un dinero cuya reclamación ahora se pone en cuestión.

Recordemos que no es la primera vez que el Supremo contribuye a crear inseguridad jurídica: basta recordar lo sucedido con la retroactividad en el asunto de las cláusulas suelo, que tuvo que ser declarada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) poniendo al Supremo en su sitio. Y posiblemente vuelva a pasar lo mismo.

Para crear aún más inseguridad en todo este galimatías, esta misma semana la propia Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, a pesar de que se había paralizado supuestamente la aplicación de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2018, ha dictado dos nuevas sentencias, de fechas 22 y 23 de octubre de 2018, que son, como no podía ser de otra manera, absolutamente coincidentes con la anterior, lo cual no sería nada sorprendente si no fuera por lo que ya hemos expuesto.

Por último, se produce otra situación grave: como se crearon los juzgados especializados en cláusulas abusivas y se encuentran colapsados, como era más que previsible por los que nos dedicamos a reclamar estas cláusulas, a los que por cierto nunca nos pregunta, ahora se añade la suspensión de las vistas y procedimientos hasta que se pronuncie el Supremo y sepamos su nuevo criterio, quien sabe si definitivo o no.

Por tanto, nos toca esperar, paralizar la presentación de demandas, explicarles a los clientes lo que ocurre, e intentar pensar en la medida de lo posible que el Supremo no va a favorecer a la “alarmada” banca, y que va a mantener el criterio fijado por esta última sentencia, que es lo justo y correcto.

Por: Carlos Arnau Martínez

Gastos hipotecarios: el Tribunal Supremo y la inseguridad jurídica

Ganamos otra sentencia

Nos alegra mucho comunicaros una nueva sentencia favorable para uno de nuestros clientes, además vecinos de despacho, por la que la satisfacción es doble.

Se declara la nulidad de la clausula suelo y de gastos incluida en su préstamo suscrito con Bankia. Los clientes recuperan unos 7.000 €.

 
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